La experiencia demuestra sin duda que las principales víctimas de las crisis son siempre los pobres. Son los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo. Carecen de las redes que les permitan reinsertarse rápidamente y del capital humano e historia laboral para acceder a empleos que se recuperan rápido. Además tienen menos ahorros –si lo tienen- y una mayor carga de familia, por lo que el golpe de perder el empleo es mucho más fuerte. Las empresas comienzan por despedir a los mas débiles: informales, jóvenes y de baja capacitación. Llegan a la crisis desprotegidos, porque contra lo que afirma el Gobierno, el derrame no les ha beneficiado. Los indigentes están igual de excluidos que en el 2002; trabajan en un mercado de pobres para pobres, de bajísima productividad; el 80 % en negro, sin cobertura social alguna.
Por ello es que las políticas sociales que asumen que hay un solo mercado de trabajo se equivocan. No les ha de llegar ni el aumento de venta de autos, lavarropas o bicicletas, si se produce. Sufrirán como nadie la caída en la construcción. Los informales son excluidos de los mercados, pero también de los beneficios. Sus hijos no reciben las mismas prestaciones que los de los formales. Peor aún, nadie habla por ellos, ni pide por su salud o su educación. Las organizaciones sindicales son para los formales. El único espacio de expresión que les queda es la protesta. Además de pobres o indigentes, son vulnerables, porque como lo ha demostrado el proceso que se da desde 2007, la inflación les hace retroceder rapidamente en lo poco que pudieron haber logrado por mejores empleos o salarios.
Viven en la cuerda floja que los arroja nuevamente a la pobreza si pierden el empleo, tienen un problema de salud o aun un embarazo adolescente en la familia. Y, con las mentiras del Indec, han desaparecido del mapa de la pobreza. Para un Gobierno que se dice progresista, 2 millones de personas no existen; y ello se refleja en un presupuesto social devaluado y en prestaciones que no reflejan la inflación.
Las crisis como la que ya estamos sintiendo les pegan mas duro que a los demás, pero sobre todo aumentan la posibilidad de prolongación de la pobreza a través de los niños y los jóvenes. Si sus hijos abandonan la escuela para trabajar, dificilmente volverán a ella o lo harán repitiendo y atrasándose. De allí a que se deterioren sus aspiraciones y sus posibilidades concretas de progreso, habrá un paso. Y esta es otra razón por la que la crisis afecta mas a los pobres que a los ricos: los hijos de los sectores medios y altos no tienen que dejar la escuela para ayudar a la familia.
Para que no suceda lo que ya es lamentablemente tradicional en la historia argentina, necesitamos un esfuerzo muy importante de toda la comunidad, no solo de asignación de mas recursos, sino también de redistribución, palabra a la que el Gobierno le ha escapado a pesar de su discurso progresista, como lo demuestra la increible transferencia retrógrada generada por la supresión de la tablita de Machinea.
Hoy solo el 30% de los pobres e indigentes está cubierto por un programa social. Por lo tanto , todo lo que se logre de allí para arriba, será muy importante, comenzando con la protección a los niños y los escolares.
Resolver este problema es un gran desafío para la vocación de diálogo que la Presidenta anuncia, pero no ejecuta. Porque implica que el Gobierno, la dirigencia política y aun la empresarial deberán hablar por los que no tienen voz ni pueden hacer huelga . O sea, por quienes son , realmente, los otros. En eso consiste ser un Gobierno progresista: en actuar por quienes son tan pobres que no tienen presentación formal. Trabajar, negociar y aun ceder el propio ingreso para ayudar a 4 millones de excluídos que no estan en la mesa de negociaciones, en una sociedad irritada por la inseguridad y las sospechas políticas no es facil . Pero en la dificultad está también la verdadera sensibilidad y por tanto la grandeza.
Ha habido muchas propuestas inteligentes en los últimos tiempos. Redistribuir las asignaciones familiares; un ingreso básico para todos los chicos en edad escolar; aumentar sensiblemente las becas de retención educativa. O sea, pasar del reparto discrecional a la universalización.
Si el Gobierno se anima a asumir el problema, a reconocer su dificultad y a pedir ayuda, habrá dado muestra de sensibilidad e inteligencia política.
